El presidente del Congreso de Paraguay, Basilio “Bachi” Núñez, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la senadora Zenaida Delgado por la presunta venta de cargos en el Poder Legislativo. El caso investiga posibles hechos de tráfico de influencias y otras irregularidades relacionadas con contrataciones públicas.
Según las denuncias, los puestos habrían sido negociados por montos de entre 50 millones y 100 millones de guaraníes. Una de las hipótesis investigadas apunta a que los pagos se habrían realizado mediante transferencias de bonificaciones cobradas por tres funcionarias contratadas en el despacho de la legisladora.
El caso está identificado como “Zenaida Delgado s/ tráfico de influencias y otros” y podría derivar en un proceso para retirar la investidura parlamentaria de la senadora.
Denunciantes afirman que recibieron pedidos de dinero
Tres mujeres vinculadas laboralmente al despacho de Delgado revelaron presuntas irregularidades en las contrataciones. Según sus declaraciones a la prensa, los conflictos surgieron después de la ruptura de la relación entre la legisladora y su pareja, Gustavo Vera Santander.
Una de las denunciantes, contratada en 2023, afirmó que el primer pedido de dinero habría sido de 50 millones de guaraníes y que estuvo acompañado de una promesa de nombramiento.
Las tres mujeres fueron posteriormente destituidas, bajo acusaciones de supuesta lesión de confianza y falsificación de firma. Por su parte, Delgado anunció que presentaría una denuncia penal en respuesta a las publicaciones sobre el caso.
La investigación también apunta a posibles vínculos con un esquema similar que habría operado en el Instituto de Previsión Social (IPS), relacionado con Fátima Agüero, exasesora de la senadora.
Cuestionamientos a las contrataciones públicas
El caso abrió interrogantes sobre los procedimientos utilizados para incorporar personal al Congreso. La legislación paraguaya establece condiciones específicas para las contrataciones temporales en la función pública, mientras que los concursos deben garantizar la idoneidad y la igualdad de oportunidades.
Según las denuncias, el despacho de Delgado contaría con cerca de 20 funcionarios y tendría como jefe a un sobrino de la legisladora, lo que también generó cuestionamientos sobre posibles prácticas de nepotismo.
El episodio, además, reavivó el debate sobre la transparencia en las instituciones estatales y los mecanismos de control de las contrataciones financiadas con recursos públicos.
Basilio Núñez también enfrenta investigaciones
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, también es objeto de una investigación fiscal por presuntos hechos de lesión de confianza, tráfico de influencias y cobro indebido de honorarios, tras una denuncia presentada en mayo de 2026.
Entre los puntos cuestionados figuran alrededor de 300 nombramientos y contrataciones realizados durante su administración, que, según la denuncia, podrían haberse efectuado sin los procedimientos de admisión correspondientes.
El caso de Delgado vuelve a poner bajo escrutinio la gestión de los recursos humanos en el Poder Legislativo y plantea interrogantes sobre la aplicación de las normas de acceso al servicio público.
Las acusaciones contra los involucrados deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes, mientras crece la presión para reforzar los controles y garantizar que los cargos públicos no sean utilizados como instrumentos de beneficio particular.